Pese a la mala imagen de la Justicia, la reforma es vista como inoportuna

Existe un consenso amplio de que la Justicia debe ser sometida a cambios estructurales, pero la opinión pública cree que este no es el momento para avanzar con una reforma judicial como la que impulsa el oficialismo.

Las encuestas, que suelen tener al Poder Judicial al tope de las instituciones con peor imagen del país, reflejan un rechazo a que se trate el proyecto en el contexto actual, protagonizado por las urgencias económicas y sanitarias.

El último informe de la consultora Aresco revela que el 50% de los encuestados está de acuerdo con la reforma, pero solo el 30% respondió que el actual es el mejor tiempo político para avanzar en su implementación.

Según el mismo estudio, el 39% está en desacuerdo con la reforma y cree que no hay que hacerla, al tiempo que el 20% dijo que no se debería discutir ahora.

Al igual que ocurre con otros proyectos de ley que demandan debates extensos, la iniciativa se politizó. Mientras que la amplia mayoría de los votantes del presidente Alberto Fernández (76%) considera que el proyecto mejorará el funcionamiento de la Justicia, el 65% de los votantes de Juntos por el Cambio se manifestó en desacuerdo con la reforma por considerar que no apunta a mejorar la calidad del Poder Judicial.

Los números de Aresco ratifican estudios anteriores -previos al avance del oficialismo con el proyecto que se debate actualmente- en los que la opinión pública exhibía consenso a una reforma judicial que haga lugar a una de las principales demandas: el control del delito.

"Una vez que el Gobierno desarrolló su reforma, hubo una parte de la sociedad que la miró con desconfianza porque creyó que no era una política de Estado, sino de Gobierno. Se empezó a sospechar que mejorar la Justicia no era el objetivo principal, sino trabar algunas causas judiciales en curso o que pudieran haber", dice a LA NACION Federico Aurelio, director de Aresco.

Poliarquía, en tanto, registró en su último trabajo de campo un acuerdo mayoritario para que la Justicia sea reformada, a partir de una imagen negativa muy alta de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general. Sin embargo, las preguntas dirigidas puntualmente hacia las reformas reflejan la grieta social, con los partidarios del Gobierno planteando la necesidad de avanzar con la ley, y los sectores opositores en contra por considerar que está hecha para beneficiar a Cristina Kirchner.

El apoyo a una reforma judicial también se refleja en el último sondeo nacional de Management & Fit. El 56% se manifestó a favor de la reforma, mientras que solo un 21,6% la rechazó. El 22,4% dijo no tener una opinión formada.

El análisis de Mariel Fornoni vuelve a poner el foco en el contexto en el que el Gobierno impulsó la reforma y advierte por una profundización de la pérdida del capital político del Presidente, que ya es mucho menor a la de unos meses atrás.

"En este momento en el que cruje la economía, la salud y no hay educación no es oportuno el momento [para el debate]. Evidentemente, la presión de Cristina Kirchner es mas fuerte que eso y hace crujir la estructura interna de la coalición", dice Fornorni, en relación a las diferencias internas en el Frente de Todos.

Es el protagonismo de la vicepresidenta lo que, según la consultora, "acelera" la caída de la imagen del Presidente. "La reforma hace que Alberto Fernández siga perdiendo el capital político que había incrementado gracias a la gente que no lo había votado, pero que le reconocía cierto liderazgo en el manejo de la pandemia. Ahora, la gente entiende que este es un tema de Cristina, a la cual ni el mismo Presidente se puede rehusar".

El mandatario había alcanzado valores cercanos al 80% de imagen positiva en abril, cuando mostró su faceta más dialoguista y moderada en las primeras semanas de cuarentena. Desde entonces, su imagen cayó sostenidamente. En el último mes, se disparó casi ocho puntos la desaprobación del Gobierno y, por primera vez, esa curva se encamina a superar la de la aprobación.

Las sospechas que despierta el proyecto

Las sospechas por el objetivo detrás del avance del proyecto en el contexto actual tienen un reflejo claro en la opinión pública, que cree mayoritariamente que el proyecto que se aprobó en el Senado el jueves no busca mejorar la Justicia y que apunta a beneficiar a funcionarios del Gobierno.

El informe más reciente de Synopsis revela que el 60,5% cree que el Gobierno busca controlar la Justicia en beneficio propio, mientras que el 64,5% considera que el objetivo detrás de la reforma no es mejorar el funcionamiento de los tribunales.

"La opinión pública está mayoritariamente inclinada a interpretar lo contrario a lo que el Gobierno quiere: que la reforma busca controlar la justicia para beneficio propio. Se impone la interpretación de que no hay un objetivo de mejorar la calidad de la Justicia sino de controlarla y eso le va a costar al Gobierno modificarlo", dice Lucas Romero, que dirige Synopsis.

En ese sentido, analizó el consultor, la oposición tuvo logro comunicacional al conseguir que penetre su discurso de que la reforma no es integral y que está hecha a medida del kirchnerismo duro. "En este contexto la urgencia del Gobierno pareciera estar en línea con la interpretación de que están buscando algo que no está necesariamente vinculado a la calidad de la Justicia. Todo el foco en el fuero penal federal, que es específicamente el que trata los temas de corrupción, ayudan a interpretar eso", agrega Romero.

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